Reforma Agraria: ¿Qué es la Reforma Agraria? ¿Qué Consiste la Reforma Agraria?

¿Qué es la Reforma Agraria?

Reforma agraria proyecto político a gran escala cuyo objetivo es un cambio rápido y radical del régimen de propiedad y explotación de la tierra. Bajo esta denominación se encuentran múltiples procesos que deben ser contextualizados en relación a tres cuestiones clave: el alcance, las indemnizaciones y la organización.

Se conoce, por lo tanto, como reforma agraria al proceso que, en cualquier país, permite la redistribución de la tierra de cultivo, especialmente de la superficie agrícola útil. Existen dos tipos de reforma agraria, la política, que implica la reforma de la propiedad de la tierra, y la técnica que implica una redistribución de las explotaciones pero sin afectar a la propiedad, es lo que se conoce como concentración parcelaria.

La reforma agraria ha sido una exigencia política en todo el mundo; en Europa en el siglo XIX y principios del XX y en los países pobres en la actualidad. Siempre ha sido un proyecto muy ambicioso que choca con el poder económico de cada país, por lo que ha provocado reacciones muy violentas, que han llegado a la revolución.

Los primeros países en afrontar una reforma agraria efectiva fueron México, en 1910 de carácter político, y España, en los años 50 y 60 de carácter técnico.

Definición de Reforma Agraria

El verbo reformar indica la acción de rehacer, modificar, enmendar o volver a formar algo. La acción y efecto de reformar (o reformarse), por su parte, recibe el nombre de reforma.

Del latín agrarĭus, agrario es lo perteneciente o relativo al campo. El término también se utiliza para nombrar a la política que defiende los intereses del sector de la agricultura.

1. Es el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas cuyo fin es modificar la estructura de propiedad y producción de la tierra.

2. Es un conjunto de leyes, decretos, reglamentos y resoluciones que rigen el sector agrario, la cual tiene como finalidad elevar las condiciones de vida de los campesinos.

¿Qué Consiste la Reforma Agraria?

Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo.

Las formas de cambiar la tenencia de la tierra son por medio de la expropiación de la tierra sin indemnización o mediante algún mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente los resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas. Las críticas a este acto caen en la poca productividad que podría generar.

Se conoce como reforma agraria, por lo tanto, al conjunto de las medidas económicas, sociales, políticas y legislativas que busca modificar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra. Estas reformas intentan evitar que la propiedad de la tierra esté repartida en pocas manos y que los dueños (latifundistas) especulen con el valor de los campos y no fomenten su uso productivo.

El objetivo de la reforma agraria, de este modo, es reemplazar la clase social de los latifundistas por una clase de medianos y pequeños agricultores, cada uno dueño de su propia porción de tierra para trabajarla. Para lograr esto, es necesario cambiar la tendencia de la tierra para que pase de los pocos latifundistas a los muchos pequeños productores.

Esto puede realizarse a través de una expropiación (se quita la propiedad de la tierra a los latifundistas sin ningún tipo de indemnización) o mediante mecanismos compensatorios (se exige a los latifundistas que se desprendan de sus tierras, pero se les entrega algo a cambio).

La mayoría de los países latinoamericanos, en general, han impulsado algún tipo de reforma agraria a lo largo de su historia.

Reforma Agraria en México

Antes de hablar del tema citado seria bueno decir que la palabra agrario se deriva del latín Ager, Agrarium, y significa campo.

Se ha definido el Derecho Agrario "como el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola", que regulan todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo.

En el caso de América Latina, durante la conquista y la colonización Hispánica se generó y se fue desarrollando un régimen de propiedad sobre la tierra y la riqueza, que sentó las bases de una estructura agraria socialmente estratificada y que se consolida aún después de la independencia de las emergentes naciones.

La acumulación de tierras suponía garantizar cierto grado de señorío, de poder económico y político, por una parte; y por la otra, un creciente proletariado campesino, sujeto a un trabajo de subsistencia, en condiciones de dependencia, de pobreza y de subdesarrollo.

Pero es la constitución mexicana en su Art.27 la que garantiza la propiedad, además de consignar la propiedad privada y la originaria de la nación sobre aguas y tierras del país, se establecen los derechos de propiedad comunal y ejidal, que son conocidos como Derecho Agrario.

En el permanente proceso de cambios que ha vivido la nación Mexicana, la reforma agraria ha evolucionado continuamente, a través de la actualización de sus instituciones jurídicas y administrativas.

Sus objetivos estuvieron orientados:

  • A la acción de restitución de tierras,

  • Al reparto agrario mediante la dotación,

  • Se instituyó la dotación colectiva,

  • Ideó la figura de las colonias agrícolas y ganaderas, y

  • La ampliación de los ejidos y el reconocimiento y titulación de bienes comunales, así como la creación de nuevos centros de población ejidal.

La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo

La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en tiempos de la guerra civil. A lo largo de un extenso período se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido, y los campesinos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo rural. La reforma agraria quedó inconclusa, y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la experiencia reformista fue determinante y produjo efectos que conviene analizar para discernir nuevas alternativas. Ni desastre ni triunfo, la reforma es un proceso abierto pero imperfecto; sus soluciones de mediano plazo solo serán viables si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas destinados a conducir la reforma a su término.

Promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915

Abril Las condiciones deplorables de la clase obrera, el problema acerca de la propiedad de la tierra y el rezago del campo fueron los reclamos sociales más importantes que propiciaron la Revolución encabezada por Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910.

A principios del siglo pasado el campo mostraba rezagos semifeudales: los hacendados poseían la mayoría de las tierras y los campesinos, por varias generaciones, dependían de las "tiendas de raya".

En su libro Los grandes problemas nacionales, aparecido en 1909, el abogado mexiquense Andrés Molina Enríquez señaló la gravedad de la situación del campo mexicano y propuso algunas soluciones, sin embargo su obra no tuvo mucha resonancia.

El 5 de octubre de 1910 Madero formuló el Plan de San Luis; en él desconocía al Presidente Porfirio Díaz y exhortaba al pueblo a levantarse en armas contra la dictadura. En uno de los artículos del plan, Madero postulaba la restitución de las tierras a los campesinos, en su mayoría indígenas.

Posteriormente, a fines de noviembre del año siguiente, Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, a través del cual exigía la inmediata y efectiva restitución de las tierras de los campesinos.

De la misma forma, en marzo de 1913 el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se agregó a la lucha armada con el Plan de Guadalupe, en el que desconocía como Presidente de la nación a Victoriano Huerta —a raíz del golpe de Estado y asesinato que éste había fraguado en contra de Madero— y pugnaba por la defensa de la legalidad de la Constitución de 1857.

Después de triunfar al frente del Ejército Constitucionalista en abril de 1916, Carranza estableció definitivamente su gobierno en la ciudad de México e inmediatamente se propuso llevar a cabo reformas sociales —entre ellas las relativas a la cuestión agraria, un problema social y nacional— para lo que dispuso que se legalizaran las reformas agrarias que pretendía el Plan de Ayala, ya no sólo en el estado de Morelos, sino en todos los que requerían esas medidas.

Creación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915

Inspirada en los lineamientos de la propuesta de Andrés Molina Enríquez y redactada en Veracruz por Luis Cabrera —colaborador de Carranza—, el 6 de enero de 1915 fue expedida la Ley Agraria, en la cual se concebía al ejido no como un nuevo sistema de tenencia, sino como reparación de una injusticia.

Esta ley pretendía restablecer el patrimonio territorial de los pueblos despojados y crear nuevas unidades con terrenos colindantes a los pueblos que se expropiarían para el efecto. A fin de que tal mecanismo se llevara a cabo, los pueblos debían enviar su solicitud a una comisión agraria local, la cual decidía sobre la justicia de la restitución o dotación y, en caso de proceder cualquiera de las dos, tornaba al comité particular ejecutivo la orden de deslinde y entrega provisional. El dictamen sobre cada caso lo resolvía una comisión nacional agrícola; por su parte, el Poder Ejecutivo expedía los títulos respectivos; las personas afectadas podían apelar.

Los beneficiarios de esta ley eran los "pueblos", concepto que la misma ley no definía con exactitud. Además, el campo mexicano incluía otros sectores sociales a quienes la ley les era indiferente, entre ellos: medieros, arrendatarios, peones agrícolas y acasillados que, inconformes con las reformas carrancistas, recurrieron a la violencia.

Ante tal situación, Carranza expidió un manifiesto a la nación el 11 de junio de 1915, en el que declaró que para resolver el problema agrario no habría más confiscaciones de tierras, sino que resolvería "por la distribución equitativa de tierras que aún conservaba el gobierno; por la reivindicación de aquellos lotes de que hayan sido ilegalmente despojados individuos o comunidades; por la compra y expropiación de grandes lotes si fuera necesario, y por los demás medios de adquisición que autoricen las leyes del país". En este manifiesto se agregaba también que las propiedades que se hubieran adquirido legítimamente por individuos o gobiernos legales, siempre y cuando no constituyeran un privilegio o monopolio, serían respetadas.

Más de un año tardó en instalarse la Comisión Nacional Agrícola; lo hizo el 8 de marzo de 1916, pero su funcionamiento era lento.

El 19 de septiembre de 1916 Venustiano Carranza suspendió las posesiones provisionales; un mes después, con base en títulos exhibidos por el pueblo de Iztapalapa que se remontaban a 1801, la Comisión expidió su primera restitución definitiva. Antes de la promulgación de la nueva Carta Magna, se expidieron solamente dos más: en Xalostoc y en Xochimilco.

Constitución de 1917

La ley del 6 de enero de 1915 sentó un precedente importante para legalizar los problemas agrarios. El carrancismo argumentaba que el texto original de la Constitución de 1857 bastaba para el propósito de adquirir tierras y repartirlas, fundando así la pequeña propiedad.

Aunque los postulados de la Constitución de 1857 y la ley del 6 de enero no se contradecían, el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 —en el que colaboraron Pastor Rouaix y Andrés Molina Enríquez— fue el que mejor expresó los anhelos revolucionarios; en él se contemplaron las bases para iniciar la reforma agraria. Su base jurídica señala que corresponde a la nación el dominio territorial y será ésta la que otorgue la propiedad privada a los particulares. En su redacción original, dicho precepto propone el fraccionamiento de los latifundios, el desarrollo de la pequeña propiedad, el fomento de la agricultura y la prevención de los recursos naturales.

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