Poder Judicial: ¿Qué es el Poder Judicial, de la Federación, Consulta de Expedientes

El Poder Judicial es uno de los tres poderes que en un estado democrático (los otros son el Poder Ejecutivo y el Legislativo) cumple la misión de administrar justicia, aplicando las leyes generales dictadas por el Poder Legislativo, a los casos concretos que se sometan a sus decisiones. Los jueces deben resolver los casos planteados, en el Derecho Continental, en base al encuadre legal de los hechos que llegan a su conocimiento, su sano criterio, y el aporte de la doctrina y la jurisprudencia. En el Common law (sistema inglés) es la jurisprudencia, al no contar con ley escrita, la fuente de Derecho predominante.

¿Qué es el Poder Judicial?

El poder judicial de la nación es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el territorio nacional (art. 108). En ningún caso puede el Presidente ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas (art. 109).

Hasta la adopción de las reformas, los jueces eran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. De conformidad con el nuevo texto constitucional y la ley 24.937, la designación se efectúa con base en la propuesta en terna vinculante del Consejo de la Magistratura (art. 114). El Consejo de la Magistratura se integra periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, como asimismo por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indica la ley especial de su creación.

Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta (art. 110). Su remoción es decidida por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula (art. 115), por causales de mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes (art. 53).

Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la nación y por los tratados con las naciones extranjeras, ejerciendo la Corte Suprema su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la nación ejerce competencia originaria y exclusiva en las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; los asuntos en que la nación sea parte; las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

En el régimen judicial argentino la administración de justicia es un poder concurrente de la nación y de las provincias. En tal sentido, los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional establecen que cada provincia dictará para sí una constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la ley suprema "que asegure su administración de justicia". Eligen sus propios funcionarios y jueces sin intervención del Gobierno federal (art. 122).

Al poder judicial de cada provincia corresponde la administración de justicia ordinaria, dentro del territorio provincial, aplicando los códigos mencionados en el artículo 75, inciso 12º -esto es, los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social-, según que las cosas o personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

En cuanto a la justicia nacional, el artículo 116 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación, con la reserva de lo que corresponde a las jurisdicciones provinciales. En estos casos, según el artículo 117, la Corte Suprema ejerce su jurisdicción por apelación.

Poder Judicial de la Federación

El poder judicial de la federación se deposita en una suprema corte de justicia en tribunales colegiados de circuito en tribunales unitarios de circuito en juzgados de distrito en el jurado popular federal y en los tribunales de orden común de los estados del distrito y de los territorios federales que actúan como auxiliares de los anteriores. El poder judicial de la federación tiene especial importancia en virtud de que por su especial funcionamiento sirve como órgano de control para otros poderes, el poder judicial controla también al ejecutivo mediante el juicio de amparo.

La suprema corte de justicia de la nación es el supremo tribunal del país, la suprema corte de justicia se compone de 21 ministros y funciona en pleno o en salas. De los 21 ministros uno es el presidente de la suprema corte. Para ser electo ministro de la suprema corte se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles no tener más de 65 años de edad ni menos de 35 el día de su nombramiento, posee título profesional de abogado con antigüedad mínima de 5 años.

Los tribunales unitarios de circuito se compone de un magistrado y del número de secretario para ser magistrado de circuito se requiere ser mexicano por nacimiento o en pleno ejercicio de sus derechos mayor de 35 años de ejercicio profesional en licenciado en derecho, los magistrados de circuito son nombrados por la suprema corte de justicia de la nación en pleno.

Lo que he aprendido de esta investigación es que el poder judicial de la federación se deposita en una suprema corte de justicia, el poder judicial controla a los otros dos poderes, la suprema corte de justicia de las naciones es el supremo tribunal del país el que resuelve en última instancia las controversias de carácter jurídico.

El poder judicial federal

Integración:

Suprema corte de justicia de la nación

Los juzgados de distrito

Los tribunales unitarios de circuito los tribunales colegiados de circuito

El jurado popular federal penal

La corte funciona en salas administrativo civil del trabajo

Funcionamiento:

Los juzgados de distrito a través de un juez

Los tribunales unitarios de circuito

Los tribunales colegiados a través de 3 magistrados el colegiado

El jurado popular federal, a través de un grupo

Art. 1 - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Folio: 2971

TITULO PRIMERO

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CAPITULO UNICO

DE LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

ARTICULO 1o. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION SE EJERCE POR:

I. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION;

II.- EL TRIBUNAL ELECTORAL;

III. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO;

IV. LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO;

V. LOS JUZGADOS DE DISTRITO;

VI. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL;

VII. EL JURADO FEDERAL DE CIUDADANOS, Y

VII. LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 107, FRACCION XII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS DEMAS EN QUE, POR DISPOSICION DE LA LEY DEBAN ACTUAR EN AUXILIO DE LA JUSTICIA FEDERAL.

Folio: 2980

SECCION 2A.

DE SUS ATRIBUCIONES

ARTICULO 10. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CONOCERA FUNCIONANDO EN PLENO:

I. DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;

II. DEL RECURSO DE REVISION CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR LOS JUECES DE DISTRITO O LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SUBSISTA EN EL RECURSO EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES, SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE HUBIESE IMPUGNADO UNA LEY FEDERAL, LOCAL, DEL DISTRITO FEDERAL, O UN TRATADO INTERNACIONAL, POR ESTIMARLOS DIRECTAMENTE VIOLATORIOS DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;

B) CUANDO SE EJERCITE LA FACULTAD DE ATRACCION CONTENIDA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CONOCER DE UN AMPARO EN REVISION QUE POR SU INTERES Y TRASCENDENCIA ASI LO AMERITE, Y

C) CUANDO SE TRATE DE LOS CASOS COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTICULO 103 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIN QUE BASTE LA AFIRMACION DEL QUEJOSO SOBRE LA EXISTENCIA DE UN PROBLEMA DE ESA NATURALEZA;

III. DEL RECURSO DE REVISION CONTRA SENTENCIAS QUE EN AMPARO DIRECTO PRONUNCIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO HABIENDOSE IMPUGNADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY FEDERAL, LOCAL, DEL DISTRITO FEDERAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL, O CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION SE HAYA PLANTEADO LA INTERPRETACION DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DICHAS SENTENCIAS DECIDAN U OMITAN DECIDIR SOBRE TALES MATERIAS, DEBIENDO LIMITARSE EN ESTOS CASOS LA MATERIA DEL RECURSO A LA DECISION DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES;

IV. DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO EN EL CASO A QUE SE REFIERE LA FRACCION V DEL ARTICULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, SIEMPRE QUE EL CONOCIMIENTO DE LA REVISION EN EL JUICIO DE GARANTIAS EN EL QUE LA QUEJA SE HAGA VALER LE HAYA CORRESPONDIDO AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 99, PARRAFO SEGUNDO, DE LA MISMA LEY;

V. DEL RECURSO DE RECLAMACION CONTRA LAS PROVIDENCIAS O ACUERDOS DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DICTADOS DURANTE LA TRAMITACION DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA;

VI. DE LAS EXCUSAS E IMPEDIMENTOS DE LOS MINISTROS, EN ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FUNCIONANDO EN PLENO;

VII. DE LA APLICACION DE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;

VIII. DE LAS DENUNCIAS DE CONTRADICCION ENTRE TESIS SUSTENTADAS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS QUE POR RAZON DE LA MATERIA NO SEAN DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE ALGUNA DE LAS SALAS, O POR EL TRIBUNAL ELECTORAL EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 236 Y 237 DE ESTA LEY;

IX. DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SUSCITADOS CON SUS PROPIOS SERVIDORES EN TERMINOS DE LA FRACCION XII DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DEL DICTAMEN QUE LE PRESENTE LA COMISION SUBSTANCIADORA UNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 152 A 161 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO CONDUCENTE;

X. DE LOS JUICIOS DE ANULACION DE LA DECLARATORIA DE EXCLUSION DE LOS ESTADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL, Y DE LOS JUICIOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION CELEBRADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS O EL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LO QUE HACE A LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES;

XI. DE CUALQUIER OTRO ASUNTO DE LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CUYO CONOCIMIENTO NO CORRESPONDA A LAS SALAS, Y

XII. DE LAS DEMAS QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERAN LAS LEYES.

Consulta de Expedientes Judiciales

Este servicio permite que el público en general pueda consultar en forma gratuita el estado de sus expedientes así como el proceso y el avance de los mismos, de una manera directa y eficiente la cual le permite ahorrar el tiempo que le tomaría efectuar la misma consulta en nuestras oficinas.

Expediente electrónico

A partir de la definición del expediente sustentado en papel, surge en el año 1998 el Decreto Nº 65, referente al procedimiento administrativo electrónico. Este regula la utilización de mecanismos electrónicos para dar soporte al expediente, y sienta las normas sobre el procedimiento administrativo electrónico, las disposiciones generales, firma electrónica y digital.

Básicamente este decreto establece que las actuaciones en la administración pública, así como los actos administrativos que se dicten en las mismas, podrán realizarse por medios telemáticos.

Destaca que "...el expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional. La documentación emergente de la trasmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por si, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido. Todo documento electrónico autenticado mediante firma digital, se considerará como de la autoría del usuario al que se haya asignado la clave privada correspondiente."

El expediente electrónico provee varias ventajas frente al soporte papel. Algunas de ellas se deducen directamente del reemplazo del papel, mientras que otras derivan de la tramitación electrónica de la documentación en las organizaciones públicas. Algunas de estas ventajas descritas en detalle en «Expediente Electrónico». son:

- A corto plazo

Transparencia y acceso

Eficiencia

Fácil ubicación de expedientes

Seguridad

Mayor dificultad de adulteración

Calidad de la gestión

Disminución de costos

Mantenimiento de la información

- A mediano plazo:

La obtención de indicadores permite identificar los problemas de la gestión y así definir procedimientos para mejorar la misma.

Menor utilización de espacio físico a medida que la cantidad de papel disminuye.

- A largo plazo:

Los expedientes serán tratados uniformemente sin importar la dependencia a la que pertenecen.

Eliminación del archivo físico de expedientes una vez que se tengan todos en forma electrónica.

Firma electrónica. En los expedientes electrónicos se suele emplear la firma electrónica en procura de que: >> Quien firma una actuación en alguna etapa del expediente, sea quien dice ser (concepto de “no repudio”) >> Todo aquello que sea firmado sea cifrado hasta que llega a su destinatario, no pudiendo accederse a su contenido por personas no autorizadas. >> En caso de interceptación no autorizada del expediente, e intento de modificarlo, ello se detecte automáticamente.

Domicilio electrónico. Funciona como un complemento relevante para lograr una tramitación completamente electrónica, dado que permite que al finalizar la tramitación del expediente, se notifica que y comunique el resultado a los interesados (titulares de los expedientes). Se envía la documentación a su Domicilio Electrónico, y el titular puede consultarla sin desplazarse físicamente. Este domicilio electrónico es útil también para solicitar información al interesado durante la tramitación del expediente, sin que deba trasladarse personalmente para presentarla.

Acerca del Sistema de Consulta en Línea

El Poder Judicial cuenta con una nueva página de consulta para los expedientes judiciales. Dicha consulta permite a los usuarios Consultar en Línea sus casos judiciales.

Además tiene la posibilidad de enviar escritos directamente al expediente que consulta, quedando registrado directamente en el despacho, agilizando los procesos. También podrá presentar demandas sin la necesidad de apersonarse al despacho.

Para tener acceso a esta consulta, se debe de solicitar al despacho que se le habilite un usuario. Con el usuario asignado, podrán consultar cualquier causa judicial en cualquier parte del país en la que usted es parte. Con esto, usted como usuario y nosotros como institución nos aseguramos de la confidencialidad de su información.

Si no posee usuario, está habilitada una consulta pública, mediante ella, sin necesidad de usuario, puede buscar sus expedientes, sin embargo, solo se muestra información muy general del expediente.

Inicialmente esta consulta está disponible para los siguientes despachos:

- I Circuito Judicial de San José.

- II Circuito Judicial de San José.

- I Circuito Judicial de Alajuela.

- II Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

- Circuito Judicial de Heredia.

- Circuito Judicial de Cartago.

- III Circuito Judicial de Alajuela (Grecia).

- III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón).

- II Circuito Judicial de la Zona Sur (Golfito).

- I Circuito Judicial de la Zona Sur (Perez Zeledón).

- I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia).

- II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.

- II Circuito Judicial de Guanacaste, Nicoya.

- Circuito Judicial de Turrialba

Fuente: https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/publica/

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